Interrogatorio de testigos y dispensa de no declarar

(Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª), núm. 130/2019 de 12 de marzo)

La sentencia de referencia resulta interesante en cuanto al análisis que hace el Alto Tribunal de cómo deben articularse las posibles cuestiones que los miembros del tribunal quieran formular a los peritos en fase de juicio oral, al tiempo que se perfila el contenido del artículo 416 LECrim relativo a la dispensa de declarar contra parientes en el caso de menores de edad.

Entrando en el análisis de la resolución, vemos que la Sala recuerda que conforme al artículo 708 LECrim, y en relación a los testigos, se permite al presidente del Tribunal poder dirigir algunas preguntas con el propósito de depurar los hechos sobre los que aquellos declaren; cuestión que conforme a la práctica judicial se ha extendido a los acusados ​​y peritos, al tiempo que estas preguntas o aclaraciones permitidos legalmente, podrán realizarse por cualquiera de los miembros del Tribunal pero mediante la persona de su Presidente.

Así, y haciendo referencia a la STS núm. 1164/1998 de 6 de octubre, nos recuerda que "Aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal previene que sea el presidente quien interrogue, no hay prohibición alguna para que otros magistrados que componen el Tribunal, sea o no el ponente, dirijan preguntas a testigos o peritos, siempre con autorización del Presidente.

Y, como decíamos en la sentencia de 5 de febrero de 2013, la fidelidad al principio acusatorio no puede exasperarse de tal modo que reduzca al juzgador un papel absolutamente pasivo sin poder efectuar alguna pregunta que esclarezca el contenido de lo declarado. "

Sin embargo, es importante tener presente y así lo hace el Tribunal en recordar lo establecido entre otras en la STS núm. 780/2006 de 3 de julio, conforme a la cual deberá hacerse un uso moderado de esta posibilidad y sólo emplearse para solicitar aclaraciones, añadiendo que, conforme a lo advertido por el Tribunal Constitucional, en cualquier caso deberá respetarse la garantía de imparcialidad probatoria, salvaguardando que el juzgador no emprenda una actividad inquisitiva encubierta.

En definitiva, y aunque una interpretación restrictiva de la disposición contemplada en la LECrim nos llevaría a un Tribunal que adopte una actitud meramente pasiva, esto no impide que el Tribunal pueda solicitar aclaraciones a los testigos e incluso al acusado, excluyéndose, eso sí, la posibilidad de formular aquellas preguntas con contenido incriminatorio que pudieran conducir a completar la actuación de la acusación.

Entrando a valorar la obligación del órgano judicial de informar de la dispensa de declarar que el artículo 416.1 LECrim otorga a algunos parientes, el supuesto que se plantea es el de un menor que en el momento de declarar ante el Juzgado contaba con 7 años, y con 11 en la fase de juicio oral; el cual es citado a declarar por los presuntos abusos sexuales cometidos por su padre, hacia él y a hacia otros menores.

En este sentido recuerda a la defensa, quien ha planteado el recurso, que la previsión contenida en el artículo 416 LECrim, no se establece en favor del acusado sino del testimonio, con el propósito de protegerlo frente a eventuales problemas de conciencia que pudiera originarle la obligación de declarar.

Y para rechazar los planteamientos de la defensa, lo hace citando por ejemplo la STS de 28 de octubre de 2014, en la que se considerará que ningún derecho del recurrente había sido vulnerado en el momento de la valoración de los testimonios de la víctima, ni en fase de instrucción, ni en la fase de plenario. "No era procedente efectuar el menor ni en uno ni en otro momento la advertencia que contempla el artículo 416 de la ley Criminal por carecer de la madurez que exige para decidir de forma personal y responsable cómo afrontar ese conflicto. La decisión había de ser tomada en todo caso, y lo fue aquí de forma inequívoca, por su madre representante legal: progenitora con la que no concurrían intereses contrapuestos. "

Sin embargo, y citando la STS núm. 957/2008 de 18 de diciembre, referenciada en la STS núm. 1061/2009 de 26 de octubre, según la cual y para un supuesto similar al enjuiciado, establece que "el testigo que declara (contando 16 ó 17 años de edad), sobre circunstancias que afectan la posible responsabilidad de super madre , está amparada por la misma dispensa que establece el artículo 416 de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la misma forma que cualquier otra persona que Deba declarar sobre circunstancias percibidas por sobre sentidos y que pueden ser utilizadas en contra de un acusada con el que está unido miedo una relación de parentesco prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal."

Pero esto último se ve matizado en el sentido de lo expuesto en la STS núm. 625/2007 de 12 de julio, desde el punto de vista que, "cuando la propia víctima formaliza una denuncia en forma espontánea y para obtener protección personal no es aplicable el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contiene una causa de justificación para aquellos que nieguen su testimonio respecto de hechos que se imputan a personas con las que está vinculados parentalmente, pero de cuyos hechos no son víctimas."

Por lo tanto, y haciendo referencia a la STS núm. 662/2001 de 6 de abril, "cuando el testigo que se encuentre vinculado con el inculpado en la forma prevista en dicha disposición, se presente espontáneamente ante la autoridad, de tal modo que su renuncia al ejercicio de la facultad acordada por dicho precepto resulte concluyentemente expresada, la falta de advertencia podrá no generar necesariamente prohibiciones de valoración de la prueba."

Además, debemos recordar que el artículo 433 LECrim distingue entre aquel testigo que es mayor de edad respecto de aquél que es menor, respecto a la necesidad de tomar juramento o promesa de decir verdad. "Resultando así que el testigo menor de edad - y sin duda y por la imposibilidad de entender el alcance y trascendencia del acto-, no se le toma juramento o promesa de decir verdad ni se le advierte de la obligación de ser y de la posibilidad de incurrir en delito de falso testimonio. Igualmente el representante legal no procesado puede  estar presente en la exploración del menor y de esta forma puede velar personalmente por sus derechos, integrando la limitada capacidad de comprensión de éste, al efecto de decidir si efectúa o no una declaración que podría perjudicar al progenitor procesado, en los términos previsto.”

Por tanto, en vistas de todo lo expuesto vemos como el Tribunal Supremo ha venido a colmar de contenido el artículo 416 LECrim, rechazando que la obligación de informar de la dispensa de no declarar se trate de una imposición absoluta, y mucho menos que ésta se haya establecido en beneficio del acusado, mas al contrario. Como ha dejado asentado el tribunal, esta comunicación de dispensa se ve matizada en aquellos casos de personas con falta de capacidad, en los que el ejercicio de esta facultad será valorada por su representante legal.

 

Santi Rodríguez Rios

Master Advocacia

BONET ADVOCAT